Todos tenemos un amigo, un familiar o un conocido a quien le ha tocado emigrar; dejar atrás su tierra, su gente y su rutina, con la esperanza de no perderse en el camino.
Para finales de 2024, casi 2.9 millones de dominicanos residían fuera de Quisqueya, según datos del Registro Sociodemográfico de INDEX. Pero esta vez no quiero hablar de quienes cruzan fronteras. Quiero hablar de una migración más silenciosa, más cotidiana y, quizás, más ignorada: la de los jóvenes que, año tras año, abandonan el campo para dirigirse a la ciudad.
No lo hacen por capricho. Lo hacen empujados.
Empujados por la falta de oportunidades, por sistemas educativos limitados, por servicios de salud insuficientes y por una realidad rural que muchas veces parece estancada en el tiempo.
Llegan a la capital con una maleta ligera, pero con una carga pesada: expectativas.
La de convertirse en profesionales, la de cambiar su historia, la de hacer sentir orgullosos a sus padres o abuelos. Sin embargo, el camino no es sencillo. La ciudad que promete oportunidades también impone costos: alquileres elevados, empleos precarios y una competencia constante que no todos logran sostener.
Entonces, la pregunta no es solo por qué emigran, sino por qué se ven obligados a hacerlo.
¿Qué está haciendo el Estado para equilibrar las oportunidades entre el campo y la ciudad?
¿Qué políticas públicas están realmente dirigidas a fortalecer las comunidades rurales y evitar este desplazamiento constante?
Porque cuando un joven se va, no solo busca un futuro mejor,
también deja atrás una comunidad que se debilita, un campo que envejece y una identidad que poco a poco se diluye.
La migración interna no debería ser la única vía para progresar.
El desarrollo no puede seguir concentrándose en un solo punto del mapa.
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