
El acuerdo de cooperación firmado entre República Dominicana y Estados Unidos para recibir deportados de terceros países continúa generando fuertes cuestionamientos en distintos sectores políticos y jurídicos del país.
El exdirector de Migración, José Ricardo Taveras, advirtió que el convenio podría convertir a República Dominicana en un “centro de retención administrativa extraterritorial” para extranjeros deportados por Estados Unidos, alertando además sobre posibles conflictos legales y constitucionales.
A través de su cuenta de X, Taveras cuestionó bajo qué base legal el Estado dominicano podrá mantener retenidas a esas personas, señalando que la República Dominicana no tiene autoridad jurídica para deportarlas.
“Tan pronto recurran a un tribunal serán puestos en libertad porque un memorándum en ningún caso puede sustentar restricciones de ningún tipo a la libertad individual”, expresó.
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El exfuncionario también advirtió que, aunque inicialmente Estados Unidos aporte fondos para el operativo, eventualmente la carga recaería sobre el país.
“Los varados serán nuestro problema”, afirmó.
Las críticas no se limitaron a Taveras. El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, calificó el acuerdo como “excesivamente complaciente” y aseguró que representa una “transgresión legal y constitucional”.
Asimismo, Pelegrín Castillo cuestionó que el país acepte extranjeros deportados mientras enfrenta una compleja situación migratoria y de seguridad vinculada a Haití.
El acuerdo fue anunciado oficialmente el pasado martes y desde entonces ha provocado un intenso debate sobre soberanía, migración y legalidad.
















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